Por Juan Cruz Sanz
Mientras el Gobierno Nacional analiza extender el plazo para que las empresas se acojan a la denominada moratoria impositiva, ahora se empezaron a evidenciar las primeras consecuencias en el plano judicial de la decisión adoptada por el oficialismo: las empresas investigadas por evasión fiscal logran evitar los procesos judiciales con el pago de un porcentaje de la deuda contraída con el fisco. En esta situación se encuentran grandes empresas, como el Grupo Roggio, Skanska, Conarpesa y Casino Club.
El miércoles 11 de marzo, el juez Rafael Caputo suspendió las audiencias previstas para la toma de declaraciones indagatorias sobre todos los directivos del Grupo Roggio, en la causa que investigaba evasiones impositivas de la empresa Metrovías SA. Según explicaron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, los empresarios estaban desde hace seis años “en condiciones de ser procesados por evasión tributaria” y ser mandados a juicio oral. Metrovías y Roggio se involucraron en la moratoria ofertada y solicitaron la “extinción de la acción penal”, escenario que colocó la situación judicial de estas empresas en una suerte de “limbo penal”.
“Las investigaciones ya fueron realizadas y la evasión fiscal fue comprobada. De la misma manera que se comprobó el uso de usinas de facturas truchas. Ahora ya no se puede hacer nada, incluso con el delito comprobado”, aseguraron a este diario en los pasillos de tribunales. PERFIL confirmó que las causas en las que se investigan a las firmas Gotti y Austral, del empresario patagónico Lázaro Báez –acusado de evadir impuestos por facturación apócrifa superior a los 500 millones de pesos–, corren la misma suerte. “Generalmente estas causas vienen acompañadas por otras de asociación ilícita y fraude. Esas causas se mantienen vigentes, y nada tienen que ver con la evasión fiscal”, aseguró una fuente judicial. “Conarpesa y Casino Club ya iniciaron el pedido de extinción penal. Se bajó una orden desde arriba para que esas causas se planchen, lo mismo con los constructores K”, continuó la misma fuente.
Antes de la aplicación de la moratoria cualquier persona que haya incurrido en una evasión superior al millón de pesos iba presa sin posibilidades legales de escapar de la acción penal, aún pagando en el curso del proceso penal la obligación evadida. Ahora la situación cambió. “Es lo que sabíamos que iba a pasar. La cuestión era esa. Sabíamos que venían a salvar a empresas que con la convivencia del Gobierno de los Kirchner habían tenido beneficios extraordinarios”, dijo a PERFIL, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica.
El miércoles 11 de marzo, el juez Rafael Caputo suspendió las audiencias previstas para la toma de declaraciones indagatorias sobre todos los directivos del Grupo Roggio, en la causa que investigaba evasiones impositivas de la empresa Metrovías SA. Según explicaron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, los empresarios estaban desde hace seis años “en condiciones de ser procesados por evasión tributaria” y ser mandados a juicio oral. Metrovías y Roggio se involucraron en la moratoria ofertada y solicitaron la “extinción de la acción penal”, escenario que colocó la situación judicial de estas empresas en una suerte de “limbo penal”.
“Las investigaciones ya fueron realizadas y la evasión fiscal fue comprobada. De la misma manera que se comprobó el uso de usinas de facturas truchas. Ahora ya no se puede hacer nada, incluso con el delito comprobado”, aseguraron a este diario en los pasillos de tribunales. PERFIL confirmó que las causas en las que se investigan a las firmas Gotti y Austral, del empresario patagónico Lázaro Báez –acusado de evadir impuestos por facturación apócrifa superior a los 500 millones de pesos–, corren la misma suerte. “Generalmente estas causas vienen acompañadas por otras de asociación ilícita y fraude. Esas causas se mantienen vigentes, y nada tienen que ver con la evasión fiscal”, aseguró una fuente judicial. “Conarpesa y Casino Club ya iniciaron el pedido de extinción penal. Se bajó una orden desde arriba para que esas causas se planchen, lo mismo con los constructores K”, continuó la misma fuente.
Antes de la aplicación de la moratoria cualquier persona que haya incurrido en una evasión superior al millón de pesos iba presa sin posibilidades legales de escapar de la acción penal, aún pagando en el curso del proceso penal la obligación evadida. Ahora la situación cambió. “Es lo que sabíamos que iba a pasar. La cuestión era esa. Sabíamos que venían a salvar a empresas que con la convivencia del Gobierno de los Kirchner habían tenido beneficios extraordinarios”, dijo a PERFIL, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica.
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