SKANSKA SIEMPRE ESTA

Suipacha peatonal, bajo la sombra de Skanska


Por Juan Cruz Sanz

El Gobierno de la Ciudad decidió que la calle Suipacha se convierta en peatonal. Una empresa licitó, se quedó con la obra y un contrato de 3 millones y medio de pesos. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo particular es que la constructora beneficiada, Cunumí S.A, esté siendo investigada por presunta defraudación al Estado Nacional.

Cunumí está involucrada en la causa Skanska por ser una de las 23 sociedades que la constructora sueca admitió que utilizó para obtener facturación apócrifa y así poder esconder presuntas “comisiones indebidas” en las obras de ampliación de dos gasoductos. Se trata de una empresa fundada en 1987, que se define como una compañía “contratista de obras públicas, privadas y prestadora de servicios”. Su titular es Raúl Nicolás Orsini, imputado en la causa Skanska por el ex juez Guillermo Montenegro, que por esas casualidades de la política, es el actual ministro de Seguridad de Mauricio Macri. Montenegro conoce bien a Orsini. Fue quien lo imputó, le tomó declaración indagatoria, le trabó un embargo e incluso ordenó allanar las oficinas de su empresa. Según la causa, Cunumí le entregó a Skanska cinco facturas por 314 mil pesos, por servicios que no realizó. En su declaración ante Montenegro, Orsini fue uno de los primeros en admitir que entregó facturas a cambio de una comisión del 10 por ciento. Su futuro lo deberá definir Norberto Oyarbide el mismo juez que procesó a Macri, otra casualidad de la política. “Yo he sido víctima de un fraude. No tengo dudas que voy a salir sobreseído”, le explicó Orsini a Clarín.

“Nunca dejamos de trabajar. Entregamos todas nuestras obras en tiempo y forma. Lo de Skanska fue una desgracia. Nosotros actuamos de buena fe. El Gobierno de la Ciudad no nos puede marginar. Hace 25 años que hacemos obras”, agregó. A Cunumí no le va mal en la gestión de Macri: Entre 2008 y 2009 ganó licitaciones por más de 40 millones de pesos.


“Las leyes de la ciudad no impiden que un proveedor de la ciudad sea separado de las licitaciones sino fue condenado por algún delito. La Ciudad debe fijar con qué criterios otorga las obras, que son los objetivos que fija la ley y los de transparecia que fija la gestión pública”, explicó a Clarín , el legislador de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez. “Cunumí está sospechada de participar de una presunta maniobra de defraudación al Estado Nacional, por qué no pensar que puede hacer lo mismo con la Ciudad. Estamos detectando una inmensa cantidad de obras, que reabren el capítulo de la corrupción macrista”, agregó.

“Se repite una actuación donde las licitaciones parecen tener ganadores antes que se inicie el proceso y que se sepan las ofertas. Habrá que investigar si este es uno de esos casos. Sorprende la cantidad de obras que se le adjudicaron siendo una empresa imputada en una causa que instruyó el actual ministro Montenegro y que las demás áreas de Gobierno no lo sepan”, dijo Gonzalo Ruanova, legislador de Nuevo Encuentro.

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