LA COLUMNA INVITADA

LA PAUTA O LA VIDA: por Héctor Barabino

Hubieramos empezado por ahí

Cuando el 3 de mayo del año pasado me comunicaron que el programa Septimo Día no iba mas por LU 12 porque el gobierno había tenido la delicadeza de plantearle a los dueños de la radio “una propuesta que no iban a poder rechazar”, LA PAUTA O LA VIDA, la verdad es que en ese momento lamenté cierta debilidad por parte de la empresa a la que tal vez le faltó un poco de carácter para defender, no tanto a un producto contratado a un tercero, sino la dignidad de un medio de comunicación con casi medio siglo de existencia.

Aunque nunca juzgué el comportamiento de la flia Segovia, primero por la mas que aceptable relación que supimos sostener durante una década con LU 12, y también porque vivo en una provincia en la cual el sector privado vive coaccionado tanto o mas que cualquier empleado público categoría 17 con la mitad del sueldo en negro, y la amenaza permanente de que todos sus movimientos están siendo vigilados por el ojo del amo.

Una Santa Cruz adonde un emprendedor que se rompió el lomo trabajando para tener una empresa o negocio mas o menos sustentable, y un nombre propio de esos que se establecen como marca registrada en cualquier sociedad medianamente justa, hoy, en la provincia K, es un igual con aquel , que montó un negocio con el Estado, a partir del cual inventó una empresa de la noche a la mañana, y llegó a amasar una fortuna escandalosa que lo catapulta a las mas altas esferas del poder económico desde donde además es capaz de someter a todo el que intente resistirse a sus mandamientos.

Lo cierto es que ahora queda claro de que hablamos cuando hablamos de “presiones del gobierno”. Son presiones verdaderamente insoportables. Mas allá del origen avieso de la herramienta que el gobierno utiliza para coaccionar medios, las arcas públicas, el dinero del estado, la plata de todos, ¿Cómo resistir a la tentación de vivir en la placidez? ; ¿o, como soportar el destete cuando se ha mamado de aquellas mieles?

Publicidad Positiva y Publicidad Negativa

Una importante organización de la sociedad civil argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ha llevado a cabo un estudio titulado "Una censura sutil" elaborado con el apoyo de Open Society Justice Initiative, que estudia las formas de asignación abusiva de publicidad oficial en el ámbito nacional y en cuatro provincias argentinas, No incluye Santa Cruz.

En el marco de los criterios de distribución, existen asignaciones discriminatorias negativas y positivas de la publicidad. La asignación negativa se otorgaría a una persona o un medio de comunicación para inducirlo a no informar desfavorablemente sobre quienes están en el poder. La asignación positiva exige que el beneficiario se exprese favorablemente para recibir los fondos estatales.

Tanto la asignación positiva como la negativa puede constituir una violación de la libre expresión. Las asignaciones negativas son formas de coerción basadas en los contenidos, que obligan a los medios de comunicación al silencio sobre cuestiones de interés público, en tanto las asignaciones positivas pueden distorsionar artificialmente un debate público al inducir a apoyar las opiniones del gobierno a quienes en otras circunstancias hubieran adoptado una posición contraria (o hubieran optado por no expresarse del todo)".

Una verdadera opción de hierro.

La publicidad en tiempos de Emergencia

La discrecionalidad en el manejo de la pauta publicitaria del gobierno cuya nómina publica OPI es la punta de un Iceberg.
Y no solo eso, es la evidencia de que además hay decenas de Iceberg; en la Obra Pública; en la actividad petrolera, en Pesca, y en cuanto negocio promueve una administración bajo sospecha, hay un iceberg.

Es por ello que este alumbramiento de la distribuición de la Publicidad
Oficial sirve tambien para apuntar que en el caso de Santa Cruz no
solo convivimos con lo que se da en llamar la “censura sutil”, o
“censura por otros medios”, sino con la corrupción asociada al acto
venal de impedir la libertad de expresión.

Que quede claro, en Santa Cruz, la Publicidad Oficial se utiliza como una caja de recaudación mas, de esas que sirven para solventar cuentas bancarias, propiedades, y una vida muy dispendiosa para el funcionario actuante y sus favorecedores.

Y por supuesto, cada dos años, bancar a algún candidato oficialista.

Y esto es dolo, y no otra cosa. Enriquecimiento ilícito y no mero manejo discrecional de la pauta oficial; malversación de caudales públicos y no tergiversación de la información; la mano en la lata, y no manipulación de la realidad.
El otro aspecto que cabe remarcar, es que este hecho nos da un perfil de gobierno. Una forma de establecer prioridades.

Una administración que derrocha millones de pesos en propaganda y contratos retornables, enarbola la remanida emergencia económica a la hora de desatender las demandas sociales.
La orgía de los avisos oficiales posterga los 200 pesos por riesgo para los policías retirados; el plus por arancelamiento para auxiliares de enfermeria jubilados; los reclamos por igualdad salarial en los doble cargos docentes; la restitución de 1 pasaje ida y vuelta a Bs As que el gobierno arbitrariamente había fijado en poco mas de 200 pesos hasta que alguna vez arbitrariamente también, los dejó de pagar; o el blanqueo de salarios sin aportes; o la regularización de esos aportes, con cargo a la víctima, como en el caso de los trabajadores PRENOS y PEC, que tendrán que pagar aportes sobre un sueldo que jamás vieron.

Volver a empezar

Cómo revertir una situación cuya mayor parte de responsabilidad recala justamente en el mismo estado que hoy está malversando sus atribuciones?
El mismo trabajo que citamos de la Asociación por los Derechos Civiles ADC sostiene que en Perù, y España sancionaron recientemente leyes para garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial. “El gobierno de Uruguay reunió en 2006 a medios de comunicación, publicistas, ONGs y funcionarios públicos para comentar a discutir un posible marco legal”. “y también este año –agrega ADC- la Càmara de Diputados de Chile creó una comisión especial para investigar los criterios y mecanismos que utiliza el gobierno para pautar en los medios de comunicación”.
Es decir, sencillamente, promover los mecanismos de transparencia y equidad a la hora de la distribución de la publicidad oficial.
Pero hoy es un imposible imaginar siquiera que los mismos funcionarios que cometen estos desmanes con la Publicidad oficial sean los que se encarguen de transparentar su uso.
El gobierno no va a mover un dedo.

Menos se puede esperar de su consorte la justicia, quien también pareciera mirar con el ojo del amo a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos.
Como en el caso LU12 y Tiempo Sur, cuando ante la solicitud del fiscal Andres Vivanco de que se investigue el delito de coacción, la Jueza Rosa Nuñez respondió que no existía ni la más mínima sospecha sobre acto alguno que pudiera enlodar el buen nombre y honor del que pudiera gozar su excelencia del vicegobernador Carlos Sancho. –En realidad esto último es un paratexto, pero fue lo que más me impactó de la resolución judicial, y se me ocurre, lo que estaba pensando y sintiendo la magistrada cuando esgrimía su fundamente jurídico.
A los empresarios de medios no se les puede pedir que se inmolen en nombre de los derechos civiles; pero sí advertirle a los mas razonables, que en las actuales condiciones de distribución de la pauta oficial, en el acto de recibirla ellos aparecen como una suerte de partícipes necesarios de una maniobra que se parece mucho a un delito.

Periodistas

Que debemos hacer los periodistas ante semejante panorama desde nuestro lugar de laburantes dependientes de un esquema que nos presenta como los mas débiles?
En primer lugar tomar conciencia de que la polìtica y la economía gobiernan nuestra estabilidad.
Pero como sostiene el sociólogo Dominique Wolton, “el periodista debe dejar el ansia de estrellato personal de lado, abandonar el individualismo, adquirir una conciencia colectiva. Y además, tienen que aprender mas economía. Los periodistas saben en general bastante de polìtica y mucho menos de economía. Y lo que amenaza la libertad de prensa es la economía y sus avatares, mucho mas que la política”.
Es decir, menos “agrupación 7 de junio”, la de los brindis protocolares en despachos oficiales, y mas compromiso con nuestro trabajo y nuestras convicciones.
Por estos días vamos a recordar los 30 años del asesinato del periodista Rodolfo Walsh a manos de la dictadura mas sangrienta que hayamos conocido en el país.

Escribió un 24 de marzo de 1977 a la Junta Militar: “estas son reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.