"Por única vez, te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo"
Babasonicos - Pijamas
SIGA LA JODA
La moratoria impositiva beneficia a firmas con causas por evasión fiscal
Por Juan Cruz Sanz
Mientras el Gobierno Nacional analiza extender el plazo para que las empresas se acojan a la denominada moratoria impositiva, ahora se empezaron a evidenciar las primeras consecuencias en el plano judicial de la decisión adoptada por el oficialismo: las empresas investigadas por evasión fiscal logran evitar los procesos judiciales con el pago de un porcentaje de la deuda contraída con el fisco. En esta situación se encuentran grandes empresas, como el Grupo Roggio, Skanska, Conarpesa y Casino Club.
El miércoles 11 de marzo, el juez Rafael Caputo suspendió las audiencias previstas para la toma de declaraciones indagatorias sobre todos los directivos del Grupo Roggio, en la causa que investigaba evasiones impositivas de la empresa Metrovías SA. Según explicaron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, los empresarios estaban desde hace seis años “en condiciones de ser procesados por evasión tributaria” y ser mandados a juicio oral. Metrovías y Roggio se involucraron en la moratoria ofertada y solicitaron la “extinción de la acción penal”, escenario que colocó la situación judicial de estas empresas en una suerte de “limbo penal”.
“Las investigaciones ya fueron realizadas y la evasión fiscal fue comprobada. De la misma manera que se comprobó el uso de usinas de facturas truchas. Ahora ya no se puede hacer nada, incluso con el delito comprobado”, aseguraron a este diario en los pasillos de tribunales. PERFIL confirmó que las causas en las que se investigan a las firmas Gotti y Austral, del empresario patagónico Lázaro Báez –acusado de evadir impuestos por facturación apócrifa superior a los 500 millones de pesos–, corren la misma suerte. “Generalmente estas causas vienen acompañadas por otras de asociación ilícita y fraude. Esas causas se mantienen vigentes, y nada tienen que ver con la evasión fiscal”, aseguró una fuente judicial. “Conarpesa y Casino Club ya iniciaron el pedido de extinción penal. Se bajó una orden desde arriba para que esas causas se planchen, lo mismo con los constructores K”, continuó la misma fuente.
Antes de la aplicación de la moratoria cualquier persona que haya incurrido en una evasión superior al millón de pesos iba presa sin posibilidades legales de escapar de la acción penal, aún pagando en el curso del proceso penal la obligación evadida. Ahora la situación cambió. “Es lo que sabíamos que iba a pasar. La cuestión era esa. Sabíamos que venían a salvar a empresas que con la convivencia del Gobierno de los Kirchner habían tenido beneficios extraordinarios”, dijo a PERFIL, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica.
El miércoles 11 de marzo, el juez Rafael Caputo suspendió las audiencias previstas para la toma de declaraciones indagatorias sobre todos los directivos del Grupo Roggio, en la causa que investigaba evasiones impositivas de la empresa Metrovías SA. Según explicaron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, los empresarios estaban desde hace seis años “en condiciones de ser procesados por evasión tributaria” y ser mandados a juicio oral. Metrovías y Roggio se involucraron en la moratoria ofertada y solicitaron la “extinción de la acción penal”, escenario que colocó la situación judicial de estas empresas en una suerte de “limbo penal”.
“Las investigaciones ya fueron realizadas y la evasión fiscal fue comprobada. De la misma manera que se comprobó el uso de usinas de facturas truchas. Ahora ya no se puede hacer nada, incluso con el delito comprobado”, aseguraron a este diario en los pasillos de tribunales. PERFIL confirmó que las causas en las que se investigan a las firmas Gotti y Austral, del empresario patagónico Lázaro Báez –acusado de evadir impuestos por facturación apócrifa superior a los 500 millones de pesos–, corren la misma suerte. “Generalmente estas causas vienen acompañadas por otras de asociación ilícita y fraude. Esas causas se mantienen vigentes, y nada tienen que ver con la evasión fiscal”, aseguró una fuente judicial. “Conarpesa y Casino Club ya iniciaron el pedido de extinción penal. Se bajó una orden desde arriba para que esas causas se planchen, lo mismo con los constructores K”, continuó la misma fuente.
Antes de la aplicación de la moratoria cualquier persona que haya incurrido en una evasión superior al millón de pesos iba presa sin posibilidades legales de escapar de la acción penal, aún pagando en el curso del proceso penal la obligación evadida. Ahora la situación cambió. “Es lo que sabíamos que iba a pasar. La cuestión era esa. Sabíamos que venían a salvar a empresas que con la convivencia del Gobierno de los Kirchner habían tenido beneficios extraordinarios”, dijo a PERFIL, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica.
ASESINO
Daniel Alberto Mareco, asesinó a Leandro Alfonso Vera de 15 años corriendo una picada. La Justicia lo dejó libre. Esta foto fue sacada hoy a la mañana mientras Mareco dirigía el transito por una obra en ejecución de la municipalidad de Río Gallegos. Sin palabras
NO TE OLVIDES
Néstor: ¿Te acordas cuando en 1999 adelantaste las elecciones provinciales para que la inminente derrota de Duhalde no te arrastrara? No te olvides.
LAS CASITAS
Leyendo los diarios del fin de semana, encontré está nota de Mariana Carabajal para Pagina 12, sobre las famosas "Casitas" de Rìo Gallegos. A ver si una vez por todas la sociedad de Río Gallegos, el Gobierno provincial, la intendencia, todos, nos dejamos de hacer los boludos.
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PAGINA/12 CUENTA LA HISTORIA DE VICTIMAS DE LA MAFIA
RESCATADAS DE UNA RED DE TRATA
Laura y Marisa son dos de las tantas mujeres que fueron llevadas bajo engaño a los prostíbulos de Río Gallegos, conocidos como “las casitas”. Una brigada de la Policía Federal y un equipo del Ministerio de Justicia lograron ponerlas a salvo.
Laura y Marisa son dos de las tantas mujeres que fueron llevadas bajo engaño a los prostíbulos de Río Gallegos, conocidos como “las casitas”. Una brigada de la Policía Federal y un equipo del Ministerio de Justicia lograron ponerlas a salvo.
Les llaman “las casitas de tolerancia”. Pero no son otra cosa que burdeles, donde explotan como esclavas sexuales a muchachas llevadas hasta allí, casi siempre con engaño, desde el norte y el centro del país. Los locales se ubican uno al lado del otro en un puñado de callecitas del barrio Belgrano, en Río Gallegos, Santa Cruz. Y exhiben a las mujeres como objetos, en vidrieras, igual que en el barrio rojo de Amsterdam. La diferencia es que en la Argentina los prostíbulos están prohibidos. Abren cerca de la medianoche y cierran entre las 8 y las 9 de la mañana. Patrulleros de la policía provincial se encargan de controlar que se cumplan los horarios. De una de esas vidrieras fue rescatada días atrás Laura M., una joven de 22 años de un pueblo del interior de Chaco, que pidió ayuda a través de un celular a su marido. Había llegado con una falsa promesa de trabajo y cuando descubrió el engaño no la dejaron ir. Las estadísticas del Ministerio de Justicia revelan que en los últimos nueve meses fueron liberadas de prostíbulos 184 mujeres, 68 de las cuales eran menores de edad, en distintos operativos realizados por fuerzas federales. La cifra refleja la magnitud del negocio de compra y venta de mujeres en el país. Página/12 accedió al testimonio de Laura y reconstruyó su historia, una de tantas de las víctimas de mafias de tratantes que hoy, ahora mismo, están encerradas en algún local disfrazado de whisquería o cabaret, obligadas a ejercer la prostitución, para llenar los bolsillos de un proxeneta.
El procedimiento para rescatar a Laura lo realizó la División Trata de la Policía Federal, con agentes que viajaron desde la ciudad de Buenos Aires y se camuflaron como clientes para constatar la presencia de la joven. Intervinieron también en el operativo dos profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, que se encargaron de la inmediata asistencia a las muchachas liberadas. Al llegar por Laura se encontraron con Marisa T, otra joven, santafesina, de 24 años, que también estaba esclavizada y les imploró socorro.
Laura fue rescatada el 20 de febrero del prostíbulo El Deseo, ubicado sobre la calle El Ceibo. El allanamiento fue ordenado por la jueza federal Zunilda Niremperger, de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Quedaron detenidos a disposición de la magistrada el dueño del lugar, conocido como Beto, y otras dos jóvenes, de 22 y 24 años, que regenteaban el burdel. Próximamente serán trasladados a Sáenz Peña para ser indagados, acusados del delito de trata, una figura penal que no existía en el país hasta hace un año y que prevé penas de 3 a 6 años de prisión, que se pueden elevar a 15 si las víctimas son menores de edad.
Laura y Marisa son testigos de identidad protegida: por eso sus nombres son ficticios y no pueden aparecer en fotos. La protección de la identidad de las víctimas es muy importante ya que las bandas mafiosas las amenazan y por temor, algunas chicas terminan retractándose y retirando la acusación contra los tratantes. Ya sucedió en varios casos. Sin su testimonio, cuando no son menores de edad, es frecuente que los acusados recuperen su libertad y la causa judicial se cierre. Es una de las graves fisuras que tiene la Ley de Trata. En el caso de las víctimas mayores de edad, se debe probar que no dieron su consentimiento para ejercer la prostitución.
“Muchas veces por falta de capacitación de los magistrados en la caracterización del delito se pierde evidencia clave para la condena. Los jueces se quedan con una parte del relato de las víctimas: ‘Usted podía salir del local’, les dicen, pero desconocen que cuando salen lo hacen extremadamente vigiladas y les aplican penalidades si tienen alguna actitud sospechosa de intentar pedir ayuda. Muchas veces son los jueces los que terminan haciendo caer el testimonio de la víctima”, advirtió Zaida Gatti, coordinadora del equipo de profesionales de la Oficina de Rescate, que empezó a funcionar después de la sanción de la nueva normativa.
Laura y Marisa están ahora en Buenos Aires, bajo la custodia y la atención de la Oficina de Rescate, que encabeza la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Silvina Zabala. No van a volver a sus pagos por un tiempo para estar protegidas. Las reclutadoras, en cada caso distintas, merodean por los barrios donde vivían. “Las víctimas de trata tienen la característica de ser adolescentes y jóvenes en situación de gran vulnerabilidad social. Eso explica que acepten sin demasiadas dudas un ofrecimiento laboral para trabajar ‘en un bar sirviendo copas’, por ejemplo, con la promesa de sueldos suculentos en la otra punta del país sin sospechar que se trata de un señuelo para captarlas y prostituirlas”, explicó Gatti.
EL VIAJE
Laura vivía en un pequeño pueblito del interior de Chaco (su nombre se mantiene en reserva para preservar a la víctima). Está casada y con su marido tienen dos hijos, de 3 y 6 años. Su situación económica es precaria. A comienzos de febrero llegó una llamada a su celular, de una mujer desconocida que le ofreció un trabajo de camarera en un bar de Río Gallegos. Nunca le preguntó quién le había dado su teléfono. El sueldo sería de entre 4000 y 5000 pesos, con la posibilidad de viajar periódicamente a ver a su familia. La oferta la tentó. Conversó con su esposo y decidieron que tenía que aceptar. El trabajo consistía en servir las copas. Nada más, le enfatizó la reclutadora, y pactaron verse en la ciudad de Resistencia. Ahí le daría los pasajes para su aventura hacia el sur. Así ocurrió. Se encontraron y Laura recibió los tickets para viajar primero a Retiro y de ahí a la capital santacruceña. El viaje duró tres días. Llegó el 11 de febrero. En la terminal de Río Gallegos, según relató, la esperaba Beto, el dueño del burdel. Laura nunca había ejercido la prostitución. Pero cuando estaba llegando a la zona de “las casitas” se dio cuenta crudamente de que ése sería su “trabajo”. La pista se la dio la vestimenta de las chicas que vivían en El Deseo. Beto se lo confirmó. Ella le dijo que había sido engañada. Beto le replicó que ahora tenía una deuda por el gasto de los pasajes, de 960 pesos, y que hasta que no la saldara no se podría ir. Las reclutadoras saben a quién elegir: en general son chicas sumisas, que no se rebelan ni cuestionan un planteo de ese tipo.
Laura recibió entonces la que sería su ropa de “trabajo”: una minifalda transparente, zapatos de taco alto y un conjunto de ropa interior sensual. Con ese mismo atuendo fue rescatada ocho días después de la vidriera de El Deseo, por efectivos de la División Trata de la Policía Federal.
El procedimiento para rescatar a Laura lo realizó la División Trata de la Policía Federal, con agentes que viajaron desde la ciudad de Buenos Aires y se camuflaron como clientes para constatar la presencia de la joven. Intervinieron también en el operativo dos profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, que se encargaron de la inmediata asistencia a las muchachas liberadas. Al llegar por Laura se encontraron con Marisa T, otra joven, santafesina, de 24 años, que también estaba esclavizada y les imploró socorro.
Laura fue rescatada el 20 de febrero del prostíbulo El Deseo, ubicado sobre la calle El Ceibo. El allanamiento fue ordenado por la jueza federal Zunilda Niremperger, de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Quedaron detenidos a disposición de la magistrada el dueño del lugar, conocido como Beto, y otras dos jóvenes, de 22 y 24 años, que regenteaban el burdel. Próximamente serán trasladados a Sáenz Peña para ser indagados, acusados del delito de trata, una figura penal que no existía en el país hasta hace un año y que prevé penas de 3 a 6 años de prisión, que se pueden elevar a 15 si las víctimas son menores de edad.
Laura y Marisa son testigos de identidad protegida: por eso sus nombres son ficticios y no pueden aparecer en fotos. La protección de la identidad de las víctimas es muy importante ya que las bandas mafiosas las amenazan y por temor, algunas chicas terminan retractándose y retirando la acusación contra los tratantes. Ya sucedió en varios casos. Sin su testimonio, cuando no son menores de edad, es frecuente que los acusados recuperen su libertad y la causa judicial se cierre. Es una de las graves fisuras que tiene la Ley de Trata. En el caso de las víctimas mayores de edad, se debe probar que no dieron su consentimiento para ejercer la prostitución.
“Muchas veces por falta de capacitación de los magistrados en la caracterización del delito se pierde evidencia clave para la condena. Los jueces se quedan con una parte del relato de las víctimas: ‘Usted podía salir del local’, les dicen, pero desconocen que cuando salen lo hacen extremadamente vigiladas y les aplican penalidades si tienen alguna actitud sospechosa de intentar pedir ayuda. Muchas veces son los jueces los que terminan haciendo caer el testimonio de la víctima”, advirtió Zaida Gatti, coordinadora del equipo de profesionales de la Oficina de Rescate, que empezó a funcionar después de la sanción de la nueva normativa.
Laura y Marisa están ahora en Buenos Aires, bajo la custodia y la atención de la Oficina de Rescate, que encabeza la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Silvina Zabala. No van a volver a sus pagos por un tiempo para estar protegidas. Las reclutadoras, en cada caso distintas, merodean por los barrios donde vivían. “Las víctimas de trata tienen la característica de ser adolescentes y jóvenes en situación de gran vulnerabilidad social. Eso explica que acepten sin demasiadas dudas un ofrecimiento laboral para trabajar ‘en un bar sirviendo copas’, por ejemplo, con la promesa de sueldos suculentos en la otra punta del país sin sospechar que se trata de un señuelo para captarlas y prostituirlas”, explicó Gatti.
EL VIAJE
Laura vivía en un pequeño pueblito del interior de Chaco (su nombre se mantiene en reserva para preservar a la víctima). Está casada y con su marido tienen dos hijos, de 3 y 6 años. Su situación económica es precaria. A comienzos de febrero llegó una llamada a su celular, de una mujer desconocida que le ofreció un trabajo de camarera en un bar de Río Gallegos. Nunca le preguntó quién le había dado su teléfono. El sueldo sería de entre 4000 y 5000 pesos, con la posibilidad de viajar periódicamente a ver a su familia. La oferta la tentó. Conversó con su esposo y decidieron que tenía que aceptar. El trabajo consistía en servir las copas. Nada más, le enfatizó la reclutadora, y pactaron verse en la ciudad de Resistencia. Ahí le daría los pasajes para su aventura hacia el sur. Así ocurrió. Se encontraron y Laura recibió los tickets para viajar primero a Retiro y de ahí a la capital santacruceña. El viaje duró tres días. Llegó el 11 de febrero. En la terminal de Río Gallegos, según relató, la esperaba Beto, el dueño del burdel. Laura nunca había ejercido la prostitución. Pero cuando estaba llegando a la zona de “las casitas” se dio cuenta crudamente de que ése sería su “trabajo”. La pista se la dio la vestimenta de las chicas que vivían en El Deseo. Beto se lo confirmó. Ella le dijo que había sido engañada. Beto le replicó que ahora tenía una deuda por el gasto de los pasajes, de 960 pesos, y que hasta que no la saldara no se podría ir. Las reclutadoras saben a quién elegir: en general son chicas sumisas, que no se rebelan ni cuestionan un planteo de ese tipo.
Laura recibió entonces la que sería su ropa de “trabajo”: una minifalda transparente, zapatos de taco alto y un conjunto de ropa interior sensual. Con ese mismo atuendo fue rescatada ocho días después de la vidriera de El Deseo, por efectivos de la División Trata de la Policía Federal.
El Deseo
En Río Gallegos el dinero abunda entre empresarios petroleros que llegan a la ciudad para hacer negocios. De ellos se nutre la clientela de “las casitas”. La rotación de clientes es constante. Muchos, contaron las dos chicas, eran extranjeros. Cada pase de 15 minutos con las mujeres obligadas a prostituirse en El Deseo costaba entre 100 y 120 pesos. Una copa, 50. Cuando llegó Laura, en el burdel había cinco chicas. Dos días después de su arribo, tres de ellas, también del Chaco, se escaparon. Beto estaba furioso. Y Laura, aterrada. A diferencia de otros burdeles, donde las jóvenes explotadas sexualmente viven en condiciones infrahumanas, aquí el rendimiento del negocio se traslucía en lindas habitaciones para las chicas. Ni siquiera tenían que compartir la cama para dormir de día, como ocurre en ese tipo de sitios. Y hasta tenían baño con bidet, según relataron las víctimas rescatadas.
Al día siguiente de llegar a ese infierno, Laura y otra chica fueron llevadas por Beto a una oficina pública, como un registro civil, según describió la joven, a tramitar un certificado de domicilio. Ese mismo día, un jueves, la llevaron a sacar la “libreta sanitaria” que exige el municipio de Río Gallegos a las empleadas de esas “whisquerías”. Para “servir copas” les exigen exámenes médicos como hisopados vaginales y otros que demuestren que no tienen enfermedades venéreas ni VIH-sida. Es la tolerancia para “las casitas”. “Es increíble pero ningún empleado o empleada pública tuvo una entrevista a solas con ella para preguntarle si estaba allí por su propia voluntad o la habían llevado engañada”, observó Gatti.
Beto le dejó claras las penalidades que se aplicaban en El Deseo: si no quería trabajar le cobraban una multa de 1500 pesos, aun si estaba menstruando; si tenían alguna actitud “sospechosa” con algún cliente, que podía interpretarse como un pedido de ayuda, 300 pesos. Pero a Laura no le sacaron el teléfono celular. Ese fue su camino hacia la libertad.
–¿Cómo se explica que les dejen usar el celular? –le preguntó Página/12 a Gatti.
–Son hábiles. Es un argumento para su defensa: la chica tenía libertad, tanta como para hablar por teléfono celular con su familia cuando quisiera. Lo que sucede habitualmente es que llaman, piden ayuda y nadie las puede ayudar. O se encuentran con un marido que al enterarse de la verdadera situación la rechaza y la trata de puta. De cien pibas que intentan que las rescaten, una sola lo logra.
Laura pidió ayuda a su esposo y él pudo llegar, a través de contactos, a que lo escucharan en una comisaría chaqueña y de ahí se iniciara la causa judicial que derivó en la intervención de la Oficina de Rescate y el procedimiento policial.
Laura estuvo apenas ocho días virtualmente secuestrada. Todavía, cuenta Gatti, está muy afectada por la experiencia que le tocó vivir en el prostíbulo. Y está recibiendo atención psicológica y contención. La preparan para la declaración como testigo en el juicio.
En Río Gallegos el dinero abunda entre empresarios petroleros que llegan a la ciudad para hacer negocios. De ellos se nutre la clientela de “las casitas”. La rotación de clientes es constante. Muchos, contaron las dos chicas, eran extranjeros. Cada pase de 15 minutos con las mujeres obligadas a prostituirse en El Deseo costaba entre 100 y 120 pesos. Una copa, 50. Cuando llegó Laura, en el burdel había cinco chicas. Dos días después de su arribo, tres de ellas, también del Chaco, se escaparon. Beto estaba furioso. Y Laura, aterrada. A diferencia de otros burdeles, donde las jóvenes explotadas sexualmente viven en condiciones infrahumanas, aquí el rendimiento del negocio se traslucía en lindas habitaciones para las chicas. Ni siquiera tenían que compartir la cama para dormir de día, como ocurre en ese tipo de sitios. Y hasta tenían baño con bidet, según relataron las víctimas rescatadas.
Al día siguiente de llegar a ese infierno, Laura y otra chica fueron llevadas por Beto a una oficina pública, como un registro civil, según describió la joven, a tramitar un certificado de domicilio. Ese mismo día, un jueves, la llevaron a sacar la “libreta sanitaria” que exige el municipio de Río Gallegos a las empleadas de esas “whisquerías”. Para “servir copas” les exigen exámenes médicos como hisopados vaginales y otros que demuestren que no tienen enfermedades venéreas ni VIH-sida. Es la tolerancia para “las casitas”. “Es increíble pero ningún empleado o empleada pública tuvo una entrevista a solas con ella para preguntarle si estaba allí por su propia voluntad o la habían llevado engañada”, observó Gatti.
Beto le dejó claras las penalidades que se aplicaban en El Deseo: si no quería trabajar le cobraban una multa de 1500 pesos, aun si estaba menstruando; si tenían alguna actitud “sospechosa” con algún cliente, que podía interpretarse como un pedido de ayuda, 300 pesos. Pero a Laura no le sacaron el teléfono celular. Ese fue su camino hacia la libertad.
–¿Cómo se explica que les dejen usar el celular? –le preguntó Página/12 a Gatti.
–Son hábiles. Es un argumento para su defensa: la chica tenía libertad, tanta como para hablar por teléfono celular con su familia cuando quisiera. Lo que sucede habitualmente es que llaman, piden ayuda y nadie las puede ayudar. O se encuentran con un marido que al enterarse de la verdadera situación la rechaza y la trata de puta. De cien pibas que intentan que las rescaten, una sola lo logra.
Laura pidió ayuda a su esposo y él pudo llegar, a través de contactos, a que lo escucharan en una comisaría chaqueña y de ahí se iniciara la causa judicial que derivó en la intervención de la Oficina de Rescate y el procedimiento policial.
Laura estuvo apenas ocho días virtualmente secuestrada. Todavía, cuenta Gatti, está muy afectada por la experiencia que le tocó vivir en el prostíbulo. Y está recibiendo atención psicológica y contención. La preparan para la declaración como testigo en el juicio.
CRISTOBAL POR IZQUIERDA Y POR DERECHA
Juan Cruz Sanz
Testaferro. Persona que aparece como titular en un negocio o contrato, cuando en realidad sólo presta su nombre a otro que es el verdadero negociador o contratante.
El gobernador Daniel Peralta había sido terminante: "Basta de declaraciones juradas". La idea era clara, controlar la producción petrolera para determinar de manera fehaciente las regalías que debe obtener la provincia de cada empresa. Así, el Poder Ejecutivo inició el proceso de licitación para la “Contratación del Servicio de Control de medición de la Producción Hidrocarburífera de los permisionarios y/o Concesionarios de Santa Cruz".
Hace algunas semanas, en Río Gallegos, se abrieron los sobres de los oferentes:
* Otamendi Cía. SRL. Costo mensual: $ 1.878.000, total por 60 meses: $ 112.680.000. Porcentaje del 19 %;
* Tecnological S.A. Costo Mensual $ 1.772.412, total por 60 meses $ 106.334.720 + IVA. Porcentaje del 16%.
* Registro Minero Argentino SRL. Costo mensual $ 1.477.010, total por 60 meses $ 88.620.600. Porcentaje del 10%.
* Full Control Norte S.A. Norberto Oscar González UTE. Costo mensual $ 265.200, total por 60 meses $ 15.912.000. Porcentaje del 23,99.
El Jefe de Gabinete santacruceño, Pablo González, dijo que se busca empezar a "desmitificar aquello de lo que tanto se ha hablado en la provincia de Santa Cruz en cuanto a que las regalías no se controlan". Pero parece que el mito va a ser difícil de romper. Cristóbal Manuel López, dueño de siete áreas petroleras secundarias de la provincia con su compañía Oil M&S, se presentó a la licitación por derecha y por izquierda. Quiere ser juez y parte.
Por derecha, lo hizo con Tecnological S.A, empresa de la cual es presidente y comparte el directorio con su mujer, Muriel Lucia Sosa, con su socio y mano derecha, Carlos Fabian De Sousa y con Gustavo Alfredo Suarez del Solar, un analista programador de 41 años. Por izquierda, lo hizo con Registros Mineros Argentinos S.A (REMASA), empresa controlada por viejos conocidos del zar del juego e indirectamente por el propio López. Según explicaron a este blog fuentes del gobierno provincial, esas empresas serán objetadas por los otros competidores, pero las empresas aseguran que la provincia no permitió los tiempos de reclamo.
Por derecha, lo hizo con Tecnological S.A, empresa de la cual es presidente y comparte el directorio con su mujer, Muriel Lucia Sosa, con su socio y mano derecha, Carlos Fabian De Sousa y con Gustavo Alfredo Suarez del Solar, un analista programador de 41 años. Por izquierda, lo hizo con Registros Mineros Argentinos S.A (REMASA), empresa controlada por viejos conocidos del zar del juego e indirectamente por el propio López. Según explicaron a este blog fuentes del gobierno provincial, esas empresas serán objetadas por los otros competidores, pero las empresas aseguran que la provincia no permitió los tiempos de reclamo.
Tecnological S.A es una compañía perteneciente a un grupo empresario encabezado por Oil M&S. Se especializa en brindar asistencias tecnológicas y soluciones integradas para la industria del petróleo y gas.
Registros Mineros Argentino S.A, es una empresa poca historia y sin antecedentes, que se constituyó el 24 de diciembre de 2006, según consta en la Inspección General de Justicia (Fs 1165), Contrato Social 24/12/06, iniciando su actividad (el tramite de inscripción fue catalogado como urgente ) el 22 de febrero de 2007 (IGJ: 1778632). Se constituye con un capital social de 450.000 pesos. Pero REMASA tuvo suerte en su debut. Semanas después del alta, el 14 de Marzo de 2007 es contratada en forma directa por ENARSA para "Desarrollar, implementar y operar el banco de datos integral de hidrocarburos".
Según consta en los registros de esta empresa, todas sus ventas fueron a ENARSA, por una cifra mayor a los 20 millones de pesos por "honorarios y servicios de operación". El 27 de febrero de 2009 venció la prorroga del contrato con el Estado pero todavía no hubo una resolución al respecto.
Carlos Alberto Leone es el presidente de Registros mineros. Ex ministro de la producción de Eduardo Duhalde, Leone era el propietario del 24% de la metalurgica Paraná Metal, recientemente vendida en su totalidad a Cristóbal López. Leone fue el contacto con De Sousa y López para cerrar el acuerdo de venta de Paraná Metal.
Gustavo Alfredo Suarez del Solar, es accionista y director titular de Tecnological. El 26 de febrero de 2007, Del Solar renunció como director titular de REMASA.
Marcelo Anibal Fiordelli es actual director titular de REMASA, pero también mantiene el mismo cargo en Combustibles del Rosario S.A. Cristóbal López es accionista de esa compañía. Lo mismo ocurre con Raúl Atilio Chicala que es director suplente en REMASA y en Combustibles del Rosario. Otra coincidencia, Luís Federico Mellian es sindico de REMESA y director Suplente de Combustibles del Rosario. Cristóbal López incorporó a esta última en la financiera South Mineral, con la cual compró en 2006 Alcalis de la Patagonia, el único fabricante de carbonato de sodio del país y empresa para la cual trabaja Osvaldo Sanfelice, socio de Néstor Kirchner.
Chicala y Mellian también aparecen en los directorios de Oil Construcciones S.A y Oil Minerales S.A, también empresas de las cuales OIL M&S es el principal accionista.
Los competidores de López para quedarse con el control de las regalías santacruceñas, Otamendi y Fullcontrol, también son conocidos de Santa Cruz. Otamendi tiene sede en la provincia y negocios en Caleta Olivia y Full Control-Norberto Oscar González, ya maneja el control de los Ingresos Brutos de la provincia. Ahora hay que esperar para ver si se animan a enfrentar a su gigante competencia. Según explicó a este blog una alta fuente de Ejecutivo Provincial, en las próximas semanas se volvería a realizar un llamado para que las cuatro empresas bajen los costos. "Se juntaron y cartelizaron. La provincia no puede pagar esos valores". Ante la consulta sobre la participación de Cristóbal López aseguran que quedaría automaticamente "fuera de la licitación, al menos con Tecnological".
Además, la empresa que resulte adjudicada cobrará un porcentaje de las diferencias que encuentre entro lo que dicen las empresas mediante su declaración jurada y lo que realmente surja de su auditoría. "¿Quá va a pasar cuando Cristóbal diga que saca 3, cuando saca 10 y Cristóbal descubra que en realidad se está mintiendo?, Además de cobrar las regalías, va a cobrar por la auditoría y por la diferencia de lo que diga oficialmente y lo que diga que descubrió. Negocio redondo", cuentan en Santa Cruz.
Por ahora, las dos empresas de López siguen las dos en carrera, habrá que ver si el destino todavía no está escrito.
Gustavo Alfredo Suarez del Solar, es accionista y director titular de Tecnological. El 26 de febrero de 2007, Del Solar renunció como director titular de REMASA.
Marcelo Anibal Fiordelli es actual director titular de REMASA, pero también mantiene el mismo cargo en Combustibles del Rosario S.A. Cristóbal López es accionista de esa compañía. Lo mismo ocurre con Raúl Atilio Chicala que es director suplente en REMASA y en Combustibles del Rosario. Otra coincidencia, Luís Federico Mellian es sindico de REMESA y director Suplente de Combustibles del Rosario. Cristóbal López incorporó a esta última en la financiera South Mineral, con la cual compró en 2006 Alcalis de la Patagonia, el único fabricante de carbonato de sodio del país y empresa para la cual trabaja Osvaldo Sanfelice, socio de Néstor Kirchner.
Chicala y Mellian también aparecen en los directorios de Oil Construcciones S.A y Oil Minerales S.A, también empresas de las cuales OIL M&S es el principal accionista.
Los competidores de López para quedarse con el control de las regalías santacruceñas, Otamendi y Fullcontrol, también son conocidos de Santa Cruz. Otamendi tiene sede en la provincia y negocios en Caleta Olivia y Full Control-Norberto Oscar González, ya maneja el control de los Ingresos Brutos de la provincia. Ahora hay que esperar para ver si se animan a enfrentar a su gigante competencia. Según explicó a este blog una alta fuente de Ejecutivo Provincial, en las próximas semanas se volvería a realizar un llamado para que las cuatro empresas bajen los costos. "Se juntaron y cartelizaron. La provincia no puede pagar esos valores". Ante la consulta sobre la participación de Cristóbal López aseguran que quedaría automaticamente "fuera de la licitación, al menos con Tecnological".
Además, la empresa que resulte adjudicada cobrará un porcentaje de las diferencias que encuentre entro lo que dicen las empresas mediante su declaración jurada y lo que realmente surja de su auditoría. "¿Quá va a pasar cuando Cristóbal diga que saca 3, cuando saca 10 y Cristóbal descubra que en realidad se está mintiendo?, Además de cobrar las regalías, va a cobrar por la auditoría y por la diferencia de lo que diga oficialmente y lo que diga que descubrió. Negocio redondo", cuentan en Santa Cruz.
Por ahora, las dos empresas de López siguen las dos en carrera, habrá que ver si el destino todavía no está escrito.
TRES MESES
Ya lo habíamos hablado con el abuelo. No hacía falta que te llamaramos, no nos ibas atender. De todas formas nos estabas viendo y sabías lo que estabamos haciendo. Ayer no me di cuenta y te llamé. Fue un segundo hasta que reaccione. Sonreí y se me escapó una lagrima.
Hace tres meses que te fuiste. Nos haces mucha falta. Me gustaría explicarte muchas cosas que pasaron en este tiempo, debe ser dificil verlo todo de arriba. Hace algunas semanas pensaba que por ahí estas contento, decías que querías ser piloto de avión. Ahora los ves más de cerca. Ya vamos a tener tiempo para que me cuentes todo, eso sí, portate bien.
Se que tenes bronca. El está libre. El sábado todos fueron a repartir volantes a Roca y San Martín para que le gente se de cuenta lo que pasó y reaccioné. Se que no te puedo explicar como funciona la Justicia, ni porque pasa lo que pasa. Lo unico que te puedo contar es que todos estamos trabajando para que nadie se olvide de vos. Incluso, para lo que te pasó no le pase a ningun chico más y el que te mató cumpla la condena que le corresponde. Vos no te tomes mucho tiempo libre y trata, en lo posible, de darle tranquilidad a mamá, papá y Agus. Nosotros vamos andar bien. Todos lo necesitamos, pero ellos más que nadie. Te quiero mucho Lean, ya vamos a volver hablar pero no te olvides que acá estamos... pensando en vos.
Nota
El 7 de diciembre de 2008, Daniel Alberto Mareco mató a mi sobrino, Leandro Vera de 15 años. Mareco estaba corriendo una picada mortal en pleno centro de la ciudad de Río Gallegos. El está libre...
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