Investigan a socios de Kirchner por oscuros negocios de $ 500 millones
Como en el escándalo que complicó a la empresa sueca, la Justicia federal penal investiga si detrás de enormes operaciones con empresas fantasma y facturas truchas –en el marco de obras públicas del ministro Julio De Vido– se esconden coimas. En este caso se trata de Gotti SA, cuyo titular, Sergio Gotti, comparte la propiedad de un emprendimiento inmobiliario de Santa Cruz con el ex presidente. El otro socio es Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones y Badial SA, que también son investigadas en una causa paralela y por una operatoria similar.
Por Emilia Delfino
La Dirección General Impositiva (DGI) comprobó más de 500 millones de pesos facturados con boletas apócrifas y a través de empresas fantasma, por parte de la constructora Gotti SA, una compañía vinculada al socio presidencial Lázaro Báez. El organismo dependiente de la AFIP informó a la Justicia que la empresa habría evadido por esas operaciones 120 millones de pesos solamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además de Gotti SA, la DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA –todas vinculadas a Báez– y Casino Club SA, de otro pingüino, el zar del juego Cristóbal López, habrían utilizado facturas “truchas”. Todas esas compañías, conducen a Néstor Kirchner (ver página 3).
Báez es peronista, llama “Lupo” al ex presidente y visita la quinta de Olivos con frecuencia. Gotti SA tiene tres causas en la Justicia. Está siendo investigada por el juzgado federal número 9, subrogado por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid; por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart; y por el fuero en lo penal económico.
“Si Gotti hubiese pagado coimas a las provincias de Santa Cruz o Chubut, o a la Nación, no será fácil de comprobar, pero el delito fiscal está claro. Hubo evasión impositiva porque se blanqueó dinero para no pagar IVA y se defraudó a la AFIP –la Justicia difiere con la DGI y habla de operaciones por 400 millones de pesos–. Pero otro caso sería, si como en el caso Skanska, se probara –a través de un arrepentido por ejemplo– que la empresa utilizó facturas truchas para justificar las coimas dirigidas a funcionarios para ‘agradecer’ la adjudicación de obras públicas”, dijo a PERFIL una fuente en Comodoro Py.
“Si Gotti hubiese pagado coimas a las provincias de Santa Cruz o Chubut, o a la Nación, no será fácil de comprobar, pero el delito fiscal está claro. Hubo evasión impositiva porque se blanqueó dinero para no pagar IVA y se defraudó a la AFIP –la Justicia difiere con la DGI y habla de operaciones por 400 millones de pesos–. Pero otro caso sería, si como en el caso Skanska, se probara –a través de un arrepentido por ejemplo– que la empresa utilizó facturas truchas para justificar las coimas dirigidas a funcionarios para ‘agradecer’ la adjudicación de obras públicas”, dijo a PERFIL una fuente en Comodoro Py.
“Se logró establecer que tanto a Skanska como a Gotti les habían facturado las mismas tres empresas fantasma: Constructora La Nueva Argentina, Berniers y Wikan Obras y Servicios”, dijo Aráoz de Lamadrid cuando imputó a Sergio y Fausto Gotti y a Carlota Cebreyro, también de Gotti SA el 8 de octubre. Todas las pruebas quedaron bajo la celosa custodia del juez. Ni siquiera el fiscal tuvo acceso a la documentación remitida a la causa por la AFIP.
La investigación está avanzando. El juzgado ya ‘invitó’ a los empresarios a presentarse ante la Justicia. Todavía no llamó a indagatoria. Pero los Gotti ya están complicados”, dijo otra fuente judicial.
En algunos despachos de la DGI, desconfían que la Justicia avance sobre la investigación. En la Casa –como los inspectores llaman al organismo–, se manejaban varias hipótesis sobre el objetivo de las empresas para utilizar facturas truchas, pero la más contundente dice que el dinero que les pagan a las empresas fantasma está destinado a justificar el dinero de sobornos, como el juez federal Norberto Oyarbide investiga en el caso de Skanska. “Como este grupo de empresas son las que siempre consiguen las adjudicaciones de obras públicas y otros negocios tercerizados por el Estado en el Sur, crece la hipótesis de que las facturas truchas encubren coimas”, dijo una fuente de la investigación.
Truchas y salmones. La investigación sobre facturación apócrifa en la obra pública y otros servicios al Estado en Santa Cruz y Chubut duró un año y medio en la DGI, hasta que en mayo de este año, Presidencia habría ordenado que se frene la investigación iniciada en Comodoro Rivadavia por Norman Ariel Williams, que tenía a su cargo la región que abarca Santa Cruz, la zona atlántica de Chubut y Tierra del Fuego. Entonces, el director de la DGI, Horacio Castagnola, informó al jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky: “Paren todo”.
Desde Buenos Aires, Mecikovsky, quien había apoyado la investigación y además había alertado a sus superiores sobre las empresas investigadas antes de iniciar la pesquisa –para cumplir con las formalidades burocráticas–, levantó el teléfono e informó a Williams sobre la situación. El director general del Sur le respondió que presentaba su renuncia. El 3 de junio, la AFIP informó en su disposición 234/08 que aceptaba la renuncia de Williams y designaba en su puesto a Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional Palermo. Un detalle pasó desapercibido.
La designación de Sartal no fue firmada por Mecikovsky, como indica la normativa de la DGI. En pocas palabras: su nombramiento no fue aceptado por su jefe directo. La disposición fue firmada directamente por Claudio Moroni, titular de la AFIP.
En algunos despachos de la DGI, desconfían que la Justicia avance sobre la investigación. En la Casa –como los inspectores llaman al organismo–, se manejaban varias hipótesis sobre el objetivo de las empresas para utilizar facturas truchas, pero la más contundente dice que el dinero que les pagan a las empresas fantasma está destinado a justificar el dinero de sobornos, como el juez federal Norberto Oyarbide investiga en el caso de Skanska. “Como este grupo de empresas son las que siempre consiguen las adjudicaciones de obras públicas y otros negocios tercerizados por el Estado en el Sur, crece la hipótesis de que las facturas truchas encubren coimas”, dijo una fuente de la investigación.
Truchas y salmones. La investigación sobre facturación apócrifa en la obra pública y otros servicios al Estado en Santa Cruz y Chubut duró un año y medio en la DGI, hasta que en mayo de este año, Presidencia habría ordenado que se frene la investigación iniciada en Comodoro Rivadavia por Norman Ariel Williams, que tenía a su cargo la región que abarca Santa Cruz, la zona atlántica de Chubut y Tierra del Fuego. Entonces, el director de la DGI, Horacio Castagnola, informó al jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky: “Paren todo”.
Desde Buenos Aires, Mecikovsky, quien había apoyado la investigación y además había alertado a sus superiores sobre las empresas investigadas antes de iniciar la pesquisa –para cumplir con las formalidades burocráticas–, levantó el teléfono e informó a Williams sobre la situación. El director general del Sur le respondió que presentaba su renuncia. El 3 de junio, la AFIP informó en su disposición 234/08 que aceptaba la renuncia de Williams y designaba en su puesto a Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional Palermo. Un detalle pasó desapercibido.
La designación de Sartal no fue firmada por Mecikovsky, como indica la normativa de la DGI. En pocas palabras: su nombramiento no fue aceptado por su jefe directo. La disposición fue firmada directamente por Claudio Moroni, titular de la AFIP.
A fines de julio, el Gobierno dio su último golpe al organismo que había investigado a las empresas de Lázaro Báez: relevó a Castagnola y a Mecikovsky, como informó PERFIL.
Castagnola fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la Casa. Mecikovsky fue degradado a agente raso de la DGI. En Comodoro Rivadavia, los funcionarios que respondían a Williams quedaron en un callejón sin salida, “frizados” en sus funciones. Les rechazan constantemente sus pedidos de traslados, incluso a quienes tienen familia en otras provincias.
DGI es un organismo clave de control a las empresas y está atrapada en una interna entre pingüinos y otros derivados políticos del kirchnerismo. Tres hombres se disputan el control de la AFIP. El albertista Claudio Moroni quiere conservar su puesto. El economista Angel Rubén Toninelli fue designado en el puesto de Castagnola. Toninelli suele jugar al golf en el club Lagartos con el ministro Julio De Vido. Otro interesado es el encargado del Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray. Pero esta pelea llegó cuando la investigación fiscal ya había sido hecha y esas pruebas se dirigían hacia los Tribunales.
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